Datos de niños y adolescentes: qué exige la ley a colegios y jardines infantiles

Por Rodrigo Navarrete Cortés
· 30/10/2026

Tabla de contenidos

Un colegio o jardín infantil trata datos personales todo el tiempo: nombre, RUT, dirección, contacto de emergencia, notas, asistencia, registro de salud, fotografías de actividades escolares. La Ley 21.719 establece reglas distintas según la edad del alumno y obliga a los establecimientos educacionales a velar por el uso lícito de esa información. Aquí está qué puede hacer el colegio, qué requiere autorización y qué no se puede hacer bajo ninguna circunstancia.

Niños, niñas y adolescentes: la ley los distingue

La Ley 21.719 define dos grupos etarios con reglas diferentes. Se consideran niños o niñas a los menores de catorce años, y adolescentes, a los mayores de catorce y menores de dieciocho años. Esa distinción no es administrativa: cambia quién debe dar el consentimiento y en qué condiciones se pueden tratar los datos.

Para tratar los datos personales de los niños y niñas se requiere el consentimiento otorgado por sus padres o representantes legales o por quien tiene a su cargo el cuidado personal del niño o niña, salvo que expresamente lo autorice o mandate la ley. En el caso de los adolescentes, los datos personales se pueden tratar de acuerdo a las normas de autorización previstas en la ley para los adultos, salvo cuando se trate de datos personales sensibles.

Los datos personales sensibles de los adolescentes menores de dieciséis años solo se pueden tratar con el consentimiento otorgado por sus padres o representantes legales o quien tiene a su cargo el cuidado personal del menor, salvo que expresamente lo autorice o mandate la ley. Esto significa que un alumno de quince años puede autorizar el tratamiento de sus datos personales comunes, pero no puede autorizar el tratamiento de datos sensibles: ahí se necesita el consentimiento del apoderado.

Qué son datos personales sensibles en el contexto escolar

La ley considera datos sensibles aquellos que revelan origen racial o étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas o filosóficas, afiliación sindical, datos relativos a la salud o a la vida sexual, datos biométricos y datos genéticos. En un colegio, esto incluye información sobre diagnósticos médicos, tratamientos psicológicos, credos religiosos, orientación sexual y datos biométricos como la huella digital para control de acceso.

Un jardín infantil que registra alergias alimentarias está tratando datos sensibles. Un colegio que anota en la ficha del alumno que recibe apoyo del programa de integración escolar también. Un establecimiento que usa huella digital para registrar asistencia de alumnos menores de dieciséis años necesita consentimiento del apoderado para ese tratamiento, porque se trata de datos biométricos.

Cuándo el colegio no necesita pedir consentimiento

El consentimiento es la regla general, pero no es la única base de licitud. La ley permite tratar datos personales sin consentimiento cuando el tratamiento es necesario para cumplir una obligación legal, cuando es necesario para la ejecución de un contrato en el que el titular es parte, o cuando el responsable tiene un interés legítimo que no vulnera los derechos del titular.

Un colegio puede tratar el nombre, RUT, curso y notas de un alumno sin pedir consentimiento adicional, porque ese tratamiento es necesario para la ejecución del contrato educacional y para cumplir obligaciones legales como el registro en el SIGE. Puede anotar la asistencia, comunicarse con el apoderado para informar situaciones académicas o disciplinarias y entregar certificados de alumno regular.

Pero si el colegio quiere publicar fotografías de los alumnos en su sitio web, usar sus datos para enviar publicidad de actividades extraprogramáticas pagadas o ceder información a terceros que no son parte del proceso educativo, ahí sí necesita consentimiento. Y si se trata de niños menores de catorce años, ese consentimiento lo debe dar el apoderado.

La obligación especial de los establecimientos educacionales

La ley establece que constituye una obligación especial de los establecimientos educacionales y de todas las personas o entidades públicas o privadas que traten o administren datos personales de niños, niñas y adolescentes, incluidos quienes ejercen su cuidado personal, velar por el uso lícito y la protección de la información personal que concierne a los niños, niñas y adolescentes.

Esa obligación no es decorativa. Significa que el colegio debe adoptar medidas técnicas y organizativas para proteger los datos de sus alumnos, capacitar al personal que accede a esa información, limitar el acceso solo a quienes lo necesitan para cumplir sus funciones y tener un protocolo claro para responder consultas de los apoderados sobre qué datos se están tratando y con qué finalidad.

Un ejemplo concreto: un colegio de 400 alumnos en Viña del Mar usa una plataforma externa para gestionar las comunicaciones con los apoderados. Esa plataforma accede a nombres, correos electrónicos y números de teléfono. El colegio debe verificar que el proveedor cumple con estándares adecuados de seguridad, que no usa esos datos para fines propios y que tiene un contrato que regula esa cesión. Si no lo hace, está incumpliendo su obligación especial de velar por la protección de los datos de los alumnos.

Interés superior del niño y autonomía progresiva

La ley establece que el tratamiento de los datos personales que conciernen a los niños, niñas y adolescentes solo puede realizarse atendiendo al interés superior de éstos y al respeto de su autonomía progresiva. Esto significa que el colegio no puede tratar datos de un alumno solo porque sea conveniente para la administración o porque un apoderado lo autorice sin más: debe poder explicar cómo ese tratamiento beneficia al menor o respeta su desarrollo.

Un colegio que instala cámaras en los baños no puede justificar esa medida con el argumento de que los apoderados firmaron una autorización. Esa práctica vulnera el interés superior del niño y no hay consentimiento que la valide. Lo mismo ocurre si el establecimiento cede datos de alumnos a una empresa de marketing sin una finalidad educativa clara.

Qué pasa con los adolescentes mayores de catorce años

Los adolescentes mayores de catorce años pueden consentir el tratamiento de sus datos personales comunes. Esto significa que un alumno de quince años puede autorizar que el colegio use su correo electrónico para enviarle información sobre actividades extraprogramáticas, puede inscribirse en una plataforma educativa con su propio consentimiento y puede solicitar acceso a sus propias notas sin intermediación del apoderado.

Pero esa autonomía tiene un límite: los datos personales sensibles de los adolescentes menores de dieciséis años solo se pueden tratar con el consentimiento del apoderado. Un alumno de quince años no puede autorizar por sí solo que el colegio comparta su diagnóstico de TDAH con un tercero, ni que use su huella digital para control de acceso. Ahí se necesita el consentimiento del padre, madre o representante legal.

Qué debe hacer el colegio antes de diciembre de 2026

La Ley 21.719 entra en vigencia el 1 de diciembre de 2026. Un colegio que espere hasta noviembre de ese año para empezar a ordenar el cumplimiento no va a llegar. El proceso toma entre diez y doce meses, como explico en la guía de implementación para colegios, porque hay plazos legales que no se pueden acortar: modificar el reglamento interno requiere consulta a la comunidad escolar, y eso no se hace en una semana.

El primer paso es identificar qué datos personales trata el colegio, con qué finalidad, quién accede a ellos y dónde se almacenan. Eso se anota en el registro de actividades de tratamiento, que es obligatorio y que la Agencia de Protección de Datos puede solicitar en cualquier momento.

El segundo paso es revisar qué tratamientos requieren consentimiento del apoderado y cuáles no. Si el colegio está usando datos de alumnos para fines que no son estrictamente educativos, debe pedir autorización o dejar de hacerlo. Si está cediendo información a terceros sin base legal, debe corregir esa práctica antes de que la ley entre en vigencia.

El tercer paso es actualizar el reglamento interno del establecimiento para incorporar las reglas de protección de datos personales, informar a los apoderados sobre sus derechos y los de sus hijos, y capacitar al personal docente y administrativo sobre qué pueden hacer con los datos de los alumnos y qué no.

Preguntas frecuentes

¿Puede el colegio publicar fotografías de los alumnos en redes sociales?

Solo con consentimiento del apoderado, y solo si ese consentimiento especifica que las imágenes se publicarán en redes sociales. Un consentimiento genérico para «uso de imagen con fines educativos» no autoriza publicación en internet. Y si el alumno es menor de catorce años, el consentimiento lo debe dar el apoderado; si es mayor de catorce pero menor de dieciséis y la imagen revela datos sensibles, también.

¿Qué pasa si un apoderado pide que el colegio borre todos los datos de su hijo?

El colegio puede negarse si el tratamiento es necesario para cumplir una obligación legal o para la ejecución del contrato educacional. No puede borrar las notas, la asistencia ni los certificados de alumno regular mientras el alumno esté matriculado. Pero sí debe borrar datos que no sean necesarios para esos fines: fotografías que no se usan, registros de actividades extraprogramáticas que ya terminaron o información de salud que ya no es relevante.

¿El colegio puede compartir datos de alumnos con la municipalidad o el Ministerio de Educación?

Sí, cuando ese tratamiento es necesario para cumplir una obligación legal. El registro en el SIGE, la entrega de información para la subvención escolar y la coordinación con programas de apoyo municipal no requieren consentimiento adicional del apoderado. Pero si el colegio quiere ceder datos a una entidad privada que no es parte del proceso educativo, ahí sí necesita autorización.

¿Qué pasa si el colegio usa una plataforma de gestión escolar que almacena datos en el extranjero?

Debe verificar que el país de destino ofrece garantías adecuadas de protección de datos personales o que el proveedor tiene cláusulas contractuales que aseguran el cumplimiento de la ley chilena. Y debe informar a los apoderados sobre esa transferencia internacional. Si no puede garantizar la protección de los datos en el extranjero, no puede usar esa plataforma sin consentimiento explícito del apoderado.

Ordenar el cumplimiento de la Ley 21.719 en un colegio o jardín infantil no es un trámite de una tarde: es un proceso que toma meses y que requiere coordinación entre dirección, administración y la comunidad escolar. CumpleAula acompaña a los establecimientos educacionales en ese proceso, desde el diagnóstico inicial hasta la capacitación del equipo y la actualización del reglamento interno.


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